Ciudad de México, DF., (Milenio).- La Confederación Nacional Campesina dio a conocer ayer que más de tres millones de niños trabajan en condiciones “infrahumanas” en los campos agrícolas del país, con jornadas de hasta 10 horas por un sueldo apenas superior a los 20 pesos.
Con motivo del Día del Trabajo, el líder de la CNC, Cruz López, informó que con base en registros de las ligas estatales de esa central campesina, 50 por ciento de los seis millones de jornaleros agrícolas en el país lo constituyen niños y adolescentes.
Dijo que más de un millón de ellos tienen menos de 14 años de edad y la mayoría son excluidos del sistema escolar oficial, además de realizar sus actividades al margen de cualquier protección laboral, por lo que consideró lamentable una situación así en pleno siglo XXI.
En tanto, la secretaria general de la CNC, Hilaria Domínguez, afirmó que urge voltear hacia quienes representan el futuro de México, a fin de multiplicar esfuerzos para que tengan alimentos, salud y educación, ya que consideró fundamental “cambiar la dramática realidad de los niños del campo”.
También en ocasión del primero de mayo, Cruz López reafirmó la alianza de la CNC con el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, pese que por vez primera en 96 años no hubo marcha en la que se manifestaran las demandas de los sectores laborales del país, debido a la contingencia sanitaria por la influenza humana.
4 may 2009
¿Discriminan a los pueblos indígenas con el tema de la Influenza?
Por Andrés A. Solis
Ciudad de México, DF.- ¿Será mi necedad o de plano ya estoy perdiendo la razón? Hace una semana la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó (y hasta presumió) que había distribuido información sobre la Influenza Humana en 15 lenguas indígenas.
Dijo que lo había hecho a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).
Al mismo tiempo es de esperar que las 20 estaciones que integran el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas (SRCI) de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), estén transmitiendo mensajes en las diferentes lenguas en que transmiten en sus zonas de influencia.
Sin embargo eso no es suficiente, hay varios pueblos indígenas que no reciben esa información en su lengua materna y si tienen acceso a lo que pasa con la alerta sanitaria es en español y no sabemos si realmente entiendan las palabras que usan.
Algunos gobiernos, como el de Chiapas, presumen que han hecho volantes en lenguas indígenas para dar información sobre este virus. Si, pero presume el gobernador que lo hicieron en cuatro lenguas, sólo cuatro, cuando en Chiapas se hablan 12 lenguas indígenas, entonces hay ocho que no reciben esa información.
Una vez más insisto en que el gobierno no tiene por qué presumir que ha hecho versiones en lengua indígena de alguna información. Y digo que insisto que no deben presumir, están obligados a eso.
¿Se les olvida que la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas dice que es obligación difundir mensajes en las lenguas que se hablan en una región?
O sea que si en Tapachula, Chiapas, hay hablantes de Mam, Poptí, Chuj y Kakchikel, el gobierno del Estado tiene la obligación de dar mensajes en esas lenguas, no es de que quiera, pero no lo hace.
Lo mismo en otras regiones. En el Distrito Federal por ejemplo, las autoridades están obligadas a difundir mensajes en Náhuatl, que es la lengua viva de la capital del país, pero tampoco lo hace.
En el Estado de México, donde el gobernador quiere ser presidente de la República en 2012, tampoco hay mensajes en Otomí, Náhuatl o Mazahua.
Que no presuma el gobierno que está actuando bien, si de alguna manera discrimina a los pueblos indígenas al no darles información sobre la Influenza Humana en su lengua original.
Ciudad de México, DF.- ¿Será mi necedad o de plano ya estoy perdiendo la razón? Hace una semana la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó (y hasta presumió) que había distribuido información sobre la Influenza Humana en 15 lenguas indígenas.
Dijo que lo había hecho a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).
Al mismo tiempo es de esperar que las 20 estaciones que integran el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas (SRCI) de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), estén transmitiendo mensajes en las diferentes lenguas en que transmiten en sus zonas de influencia.
Sin embargo eso no es suficiente, hay varios pueblos indígenas que no reciben esa información en su lengua materna y si tienen acceso a lo que pasa con la alerta sanitaria es en español y no sabemos si realmente entiendan las palabras que usan.
Algunos gobiernos, como el de Chiapas, presumen que han hecho volantes en lenguas indígenas para dar información sobre este virus. Si, pero presume el gobernador que lo hicieron en cuatro lenguas, sólo cuatro, cuando en Chiapas se hablan 12 lenguas indígenas, entonces hay ocho que no reciben esa información.
Una vez más insisto en que el gobierno no tiene por qué presumir que ha hecho versiones en lengua indígena de alguna información. Y digo que insisto que no deben presumir, están obligados a eso.
¿Se les olvida que la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas dice que es obligación difundir mensajes en las lenguas que se hablan en una región?
O sea que si en Tapachula, Chiapas, hay hablantes de Mam, Poptí, Chuj y Kakchikel, el gobierno del Estado tiene la obligación de dar mensajes en esas lenguas, no es de que quiera, pero no lo hace.
Lo mismo en otras regiones. En el Distrito Federal por ejemplo, las autoridades están obligadas a difundir mensajes en Náhuatl, que es la lengua viva de la capital del país, pero tampoco lo hace.
En el Estado de México, donde el gobernador quiere ser presidente de la República en 2012, tampoco hay mensajes en Otomí, Náhuatl o Mazahua.
Que no presuma el gobierno que está actuando bien, si de alguna manera discrimina a los pueblos indígenas al no darles información sobre la Influenza Humana en su lengua original.
900 mil pesos para la conservación de recursos naturales en la Chinantla.
Tuxtepec, Oax., (TV Bus).- La conservación y aprovechamiento adecuado de sus recursos naturales a través de la búsqueda de financiamiento, es el fin del convenio que se firmó el mes padado por el Comité de Recursos Naturales de la Chinantla Alta A. C. CORENCHI; en donde participaron las comunidades de San Antonio Analco, San Antonio Barrio, Santa Cruz Tepetotutla, San Pedro Tlatepusco y Santiago Tlatepusco pertenecientes San Felipe Usila, municipio indígena del estado de Oaxaca.
El fondo es de 900 mil pesos, cantidad que fue aportada por el manejo integral del ecosistema, sin embargo cabe destacar que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) aportará un monto similar, después de recibir la documentación correspondiente, así lo afirmó el Edil de San Felipe Usila Joel Isidro Inocente.
Mencionó, que el Ayuntamiento de San Felipe Usila aportara cerca de 200 mil pesos, para la conservación de este lugar, además de que buscará más oportunidades para aumentar este presupuesto.
Agregó que las comunidades ubicadas en la parte alta de Usila, representan el 20.5% de las 58 mil 053 hectáreas de vegetación localizada en la Chinantla, región que se ubica al norte del estado de Oaxaca, con bosque mesófilo de montaña, que es uno de los ecosistemas que captan mayor cantidad de agua, por eso es tan importante su conservación, ya que el agua abastece no solo a San Felipe Usila sino gran parte del país, por lo que se busca cuidar el agua para las generaciones futuras.
En la firma estuvieron presentes Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT); Manejo Integrado de Ecosistemas, (MIE); Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), además de autoridades de distintos municipios.
La región de la chinantla, conocida así porque del total de sus habitantes el 98 por ciento habla su lengua materna que es el chinanteco y su origen data desde la época prehispánica, alimenta a la presa Cerro de Oro, que a su vez alimenta a distintas comunidades de la región de la Cuenca del Papaloapa, Oaxaca.
El fondo es de 900 mil pesos, cantidad que fue aportada por el manejo integral del ecosistema, sin embargo cabe destacar que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) aportará un monto similar, después de recibir la documentación correspondiente, así lo afirmó el Edil de San Felipe Usila Joel Isidro Inocente.
Mencionó, que el Ayuntamiento de San Felipe Usila aportara cerca de 200 mil pesos, para la conservación de este lugar, además de que buscará más oportunidades para aumentar este presupuesto.
Agregó que las comunidades ubicadas en la parte alta de Usila, representan el 20.5% de las 58 mil 053 hectáreas de vegetación localizada en la Chinantla, región que se ubica al norte del estado de Oaxaca, con bosque mesófilo de montaña, que es uno de los ecosistemas que captan mayor cantidad de agua, por eso es tan importante su conservación, ya que el agua abastece no solo a San Felipe Usila sino gran parte del país, por lo que se busca cuidar el agua para las generaciones futuras.
En la firma estuvieron presentes Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT); Manejo Integrado de Ecosistemas, (MIE); Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), además de autoridades de distintos municipios.
La región de la chinantla, conocida así porque del total de sus habitantes el 98 por ciento habla su lengua materna que es el chinanteco y su origen data desde la época prehispánica, alimenta a la presa Cerro de Oro, que a su vez alimenta a distintas comunidades de la región de la Cuenca del Papaloapa, Oaxaca.
Claman justicia familiares de indígenas asesinados
Con una marcha, familiares de cuatro indígenas asesinados al parecer por paramilitares, exigen justicia.
Por René López, corresponsal
Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oax.- Indígenas Mixtecos de las comunidades de Santo Domingo Ixcatlán y Chalcatongo de Hidalgo, se manifestaron el sábado por la tarde por las principales calles de esta ciudad, en demanda de justicia por los cuatro asesinatos sucedidos en estas comunidades hace un año.
Provenientes de estas dos comunidades, desde temprana hora llegaron a esta ciudad cargando cruces de madera sobre sus hombros, donde estaban escritos los nombres de los asesinados, pancartas y grandes lonas con anuncios como aplicación justicia a paramilitares asesinos, coalición de chalcatonguenses por la paz, exigimos justicia y cárcel a los asesinos.
En sus consignas dieron a conocer que a más de un año de estos asesinatos, el Gobierno del Estado no ha cumplido con la minuta que firmó para la aplicación de la justicia y mucho menos la ejecución de 12 órdenes de aprehensión.
Después de realizar un recorrido desde la central camionera, diversas calles de la ciudad y la iglesia, se apostaron en zócalo, donde dieron a conocer diversos clamores a través de sus discursos y consignas.
Los participantes dieron a conocer que Chalcatongo está presente con la única finalidad que como pueblos hermanos entre Santo Domingo Ixcatlán, solo quieren que haya paz y que el conflicto de tierras no se politice y se resuelva con el dialogo.
Pidieron que se aplique la justicia a los responsables del asesinato del secretario de bienes comunales, de Santo Domingo Ixcatlán, Milesio Martínez Robles y de los comuneros Gustavo Castañeda Martínez e Inocencio Medina Bernabé, quienes fueron asesinados con hazaña el pasado 30 de abril, así como de Epifanía Ruiz Ruiz, de la paz Chalcatongo.
Por su parte Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, en sus palabras dio conocer que ya es preocupante que sigan siendo los pueblos indígenas un trampolín político y se siga jugando con ellos como carne de cañón, son seres humanos, que entienda el gobierno.
Que el gobernador del estado de Oaxaca cumpla su palabra y que respete la minuta que firmó, así también se cumplan las ejecuciones de las doce órdenes de aprehensión a que se comprometieron, el secretario del gobierno oaxaqueño y el procurador de justicia, en la reunión que sostuvieron en el mes de octubre con la comisión interamericana de los derechos humanos en Washington.
Ya se ha exigido la justicia desde diversos ángulos y se ha hecho saber de la existencia de paramilitares y el gobierno mexicano solo ha negado las 177 medidas cautelares que solicitó para los familiares y testigos de los masacrados quienes actualmente estas sufriendo de amenazas.
Dentro de las personas amenazadas está una mujer de nombre María de la Luz Martínez García, quien frecuentemente ha denunciado el intento de agresión por parte de personas simpatizantes a Fredy Eucario Morales Arias, detenido actualmente por este homicidio múltiple, persona que asesinó junto con otros a su padre y novio, quien recuerda la crueldad utilizada, al grado de calcinar a Inocencio su novio, con quien pronto contraería matrimonio.
Por su parte la gente de Chalcatongo de Hidalgo pidió justicia para que se castiguen a los responsables de la muerte de doña Epifanía Ruiz, así como a los secuestradores y torturadores del señor Genaro Cortez Ruiz, del menor Javier Ruiz y de Valentina Cortez Pérez, a quien le robaron ochenta borregos, igualmente a lo que hirieron gravemente al campesino Gabino Ruiz Ruiz, ya basta de tanta impunidad y solapamiento a asesinos a sueldo.
Finalmente los manifestantes en diversos vehículos retornaron a sus comunidades de origen a las 6 de la tarde, dando a conocer que esta acción y otras tomaran hasta que encontrar la aplicación de la justicia, ya que con temor no se puede vivir.
Aprueba IFE no instalar cuatro casillas en Tlaxiaco
Ante el riesgo de violencia, el Consejo Distrital del IFE en Tlaxiaco, deceidió que en las elecciones de 5 de julio próximo no se instalarán cuatro casillas.
Por René López, corresponsal
Tlaxiaco, Oax.- Para evitar cualquier situación de violencia o enfrentamientos durante las elecciones del 5 de julio próximo, cuatro casillas electorales no se van a instalar, según el acuerdo tomado por el Consejo Electoral de la Junta Distrital 06 del Instituto Federal Electoral (IFE), con sede en esta ciudad.
En reunión ordinaria, consejeros, vocales y representantes de partidos políticos, aprobaron la instalación de un total 487 casillas para la jornada electoral del 5 de julio, para elegir diputados federales.
Luego de realizar recorridos en las 292 secciones que integran el Sexto Distrito Electoral Federal de Oaxaca, el Consejo local aprobó la lista de ubicación de las casillas y determinó que cuatro de éstas no se instalarán, debido a que existe riesgo de enfrentamiento entre simpatizantes de las dos principales fuerzas políticas en la entidad, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Las secciones donde no se instalarán mesas receptoras de votos son: En la sección 653, donde estaba previsto instalarse una casilla básica en la localidad de San Miguel Copala, del municipio de Putla Villa de Guerrero. En la 246, donde se instalaría una básica y una contigua, corresponde a San Juan Copala, del municipio de Santiago Juxtlahuaca, y en la 2185, que corresponde a una básica de Santo Domingo Ixcatlán.
Recorridos de examinación
El consejo distrital, después de analizar y corregir algunos datos numéricos, también conoció los ordenamientos legales con los recorridos de exanimación y dentro de una de las comunidades más alejadas con un aproximado de 9 a 10 horas de camino, en la sierra sur de Oaxaca, por cuarta ocasión visitaron las secciones 1955 (Básica, Contigua 1 y Especial) y 1958 (Básica) de las localidades de Santiago Amoltepec y La Cucaracha o Colonia de Jesús pertenecientes al municipio de Santiago Amoltepec.
Esta visita de examinación es generada por la propuesta de la Junta Distrital y por el Consejero Electoral Antonio Abel Ortiz Chávez. En este recorrido los participantes verificaron que estas localidades se encuentran en un estado de paz y tranquilidad, las autoridades manifiestan que los ciudadanos desean participar.
Por lo que respecta a los lugares propuestos para la instalación de las casillas se verificó que efectivamente los domicilios cumplen con los requisitos establecidos por el COFIPE, por lo que se ratificó la propuesta de la Junta Distrital Ejecutiva para la instalación de estas casillas.
Así también en la ciudad de Tlaxiaco, por sexta visita en las Secciones 2370 se ratifico su ubicación en el Corredor del Hotel del Portal, Plaza de la Constitución, lugar donde se propone instalar las casillas Básica y Contigua correspondientes, en ambas secciones se ratificó que los domicilios propuestos para la ubicación de las casillas cumplen con los requisitos legales establecidos.
Sin embargo respecto de la sección y 2371 Básica y Contigua, que se ubica en la central camionera, por factores como venta de bebidas alcohólicas, mercado y oficinas municipales, es cambiada al jardín de niños, Rosaura Zapata.
Daniel Martínez Muñoz, vocal ejecutivo de la 06 junta distrital del IFE en Tlaxiaco. Dio a conocer que los preparativos de la jornada electoral entra en su fase definitoria, realizando todas las actividades preparatorias como lo menciona la ley, con la participación de todos los vocales y con los representantes de los partidos políticos, ya que este es un distrito de alta complejidad a nivel nacional.
Agrego que en los 73 municipios que abarca el distrito de Tlaxiaco, el procesos electoral, marcha en paz en cuanto a la relación política que se está estableciendo con los diferentes actores con acuerdos sustanciales y responsables, para que todo culmine con una buena jornada electoral, este 5 de julio.
Desde hace 273 años el pueblo de Azumiatla ha sufrido despojos, dijo Ruiz Medrano
Puebla, Pue., (La Jornada de Oriente).- El despojo de tierras contra los campesinos de San Andrés Azumiatla no es nuevo, pues data de hace 273 años y de ello hay constancia en el Archivo General de la Nación (AGN). Ahí hay documentos en los que se demuestra que los indígenas se enfrentaron en los tribunales contra los hacendados españoles que, bajo el pretexto de que perjudicaban sus predios con el pastoreo de animales, terminaron apoderándose de más tierras, esto en pleno periodo colonial.
La anterior es resultado de una investigación que realizó la investigadora Ethelia Ruiz Medrano, de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). La especialista en pueblos indios del centro de México en los periodos históricos del siglo XVI a la fecha manifestó que su interés en el caso de Azumiatla se incrementó tras haberse enterado del violento enfrentamiento con la Policía de Puebla el pasado 25 de abril; ella ya tenía conocimiento de que este pueblo defiende su tierra desde hace siglos.
La también integrante del Sistema Nacional de Investigadores ingresó al AGN la semana pasada y encontró que el volumen 705, expediente uno, que va de los años 1736 a 1768, hace constar de un litigio entre “los naturales del pueblo de San Andrés Azumiatla contra el capitán Benito García, dueño de la hacienda de San Andrés Azumiatla, sobre propiedad de tierras”. El documento indica que el capitán Benito García, vecino de Puebla, “denunció que los indios de Azumiatla pastan sus ganados en las tierras de su hacienda y siembran maíz”. Los habitantes del pueblo ya tenían un pleito legal en contra de ese hacendado por despojo de tierras y agua en la Real Audiencia de México.
En una carta fechada el 10 de julio de 1748 y dirigida a las autoridades coloniales, los indios de Azumiatla denunciaron que Nicolás Fajardo, mayordomo de la hacienda del capitán don Benito García, acompañado de dos soldados, dos indios y de Andrés García, hijo del hacendado, destruyó “lo que teníamos sembrado en nuestras tierras, lo cortaron con coa y las destrozaron todas (las milpas), previniendo (a los indios) que hasta los magueyes nos habían de arrancar (todo ello) con violencia y contraviniendo las leyes reales y autos acordados”.
Los cultivos de maíz y calabaza que esos hombres arrasaron estaban en tierras comunales de Azumiatla. En una visita ocular –un recorrido que normalmente hacían las autoridades cuando se trataba de litigios por tierras–, el hacendado acusó a los indios de quitarle el agua a sus tierras; sin embargo, los de Azumiatla no se enteraron de esta visita y en consecuencia se les prohibió cortar leña en un cerro llamado Nanahuachi, que utilizaban desde esa época; asimismo, quedó asentado que por cortar leña para obtener carbón en este monte varios indios de Azumiatla fueron encarcelados. El pleito quedó pendiente, concluye el documento.
Otros casos
Otro documento encontrado por la investigadora Ruiz Medrano en la sección de Tierras del AGN, en el volumen 299, expediente tres del año 1782, da constancia del pleito entre José Núñez, dueño de la hacienda de San José Tlaxcolpan, contra los naturales del pueblo de San Andrés Azumiatla sobre propiedad de tierras, jurisdicción de Puebla.
La hacienda colindaba con el pueblo de San Andrés Azumiatla, cuyos habitantes ya tenían una demanda en la audiencia en contra de Núñez, quien en una carta expresó su “asombro” de la piedad con que se trata a los indios de ese pueblo, ya que afirma que estos son “codiciosos” de tierras. El hacendado dijo que se meten en sus propiedades –que son las mismas que reclamaban los de Azumiatla– con yuntas de animales que barbechan sus tierras e introducen sus ganados. Para justificar todo lo anterior presenta en este juicio el testimonio de varios españoles que testifican a su favor.
Sin embargo, el pueblo de San Andrés Azumiatla explicó a lo largo del juicio que ellos no tienen tierras, ya que fueron despojados por los hacendados y que ni siquiera tenía “las 600 varas en cuadro que corresponden por expresa decisión de la ley del reino, repetidas 12 resoluciones de su majestad y superior decreto de la Real Audiencia de esta Nueva España”. Al igual que el caso anterior, el pleito quedó pendiente.
Ruiz Medrano precisó que las 600 varas se refieren al fundamento legal en el que la ley colonial determinó que era necesario e imprescriptible que los pueblos indios tuvieran tierra comunal; a partir de 1567, el virrey Marqués de Falces otorgó a cada pueblo 500 varas, y en 1687 se extendió a 600 a partir de la última casa del pueblo. Las 600 varas equivalían a 101 hectáreas o un kilómetro de distancia, aproximadamente, a partir de la última casa de cada pueblo. Los españoles se opusieron a la medida, y a partir de 1695 las 600 varas se midieron a partir de la iglesia de los pueblos, ya no de la última casa porque no convenía a sus intereses.
En un tercer caso jurídico, que la investigadora ubicó en el volumen 1095, expediente seis, de los años 1776 a 1783 en el AGN fue el de Ignacio Antonio Núñez –al parecer pariente del hacendado del caso anterior–, dueño de la hacienda de San José Tlaxcolpan, en contra de San Andrés Azumiatla por la propiedad de tierras.
Los indígenas declararon que el 20 de mayo de 1783 Ignacio Núñez les quitó tierras que están detrás de la iglesia, mirando al oriente; los indios de Azumiatla explicaron que esas tierras las obtuvieron a través del conquistador Jacinto Salamanca, quien fundó los pueblos de San Andrés y otros alrededor; además de despojarlos, el hacendado les quemó sus jacales.
En este juicio, el 26 de junio de 1783 el párroco de San Francisco Totimehuacán, declaró que Azumiatla pertenecía a esa doctrina y que los indios no tienen tierras, vivían despojados por los hacendados y se mantenían de sacar carbón del monte, el cual vendían en la ciudad de Puebla. Pidió que les devolvieran las tierras que les quitó Núñez y que están detrás de la iglesia; en respuesta, el hacendado declaró “que los indios de Azumiatla... no quieren trabajar ni en la haciendas, en los tejidos de algodón, fabricando chiquihuites o petate, sino que se viven atenidos a lo que adquieren robando los montes de las circunvecinas haciendas (sin querer) venir a trabajar a ellas, aunque los labradores los soliciten para ganar dinero y respeto”.
Los de Azumiatla respondieron que fueron despojados de sus tierras por el hacendado y que sus linderos se componía “desde el río de Atoyac, del vado grande que nombran San Diego, hasta el cerro de Nanaquachi, en cuya punta va al camino de Teopantlán que divide los linderos de Tlaxcoapan La Huerta y la Caraqueña, y por abajo por tierra caliente con San Bartolomé y Teopantitlán; asimismo, dijeron que las tierras que reclamaban se las quitaron en los años 30 del siglo 18, refieren los datos extraídos por la investigadora Ruiz Medrano.
La anterior es resultado de una investigación que realizó la investigadora Ethelia Ruiz Medrano, de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). La especialista en pueblos indios del centro de México en los periodos históricos del siglo XVI a la fecha manifestó que su interés en el caso de Azumiatla se incrementó tras haberse enterado del violento enfrentamiento con la Policía de Puebla el pasado 25 de abril; ella ya tenía conocimiento de que este pueblo defiende su tierra desde hace siglos.
La también integrante del Sistema Nacional de Investigadores ingresó al AGN la semana pasada y encontró que el volumen 705, expediente uno, que va de los años 1736 a 1768, hace constar de un litigio entre “los naturales del pueblo de San Andrés Azumiatla contra el capitán Benito García, dueño de la hacienda de San Andrés Azumiatla, sobre propiedad de tierras”. El documento indica que el capitán Benito García, vecino de Puebla, “denunció que los indios de Azumiatla pastan sus ganados en las tierras de su hacienda y siembran maíz”. Los habitantes del pueblo ya tenían un pleito legal en contra de ese hacendado por despojo de tierras y agua en la Real Audiencia de México.
En una carta fechada el 10 de julio de 1748 y dirigida a las autoridades coloniales, los indios de Azumiatla denunciaron que Nicolás Fajardo, mayordomo de la hacienda del capitán don Benito García, acompañado de dos soldados, dos indios y de Andrés García, hijo del hacendado, destruyó “lo que teníamos sembrado en nuestras tierras, lo cortaron con coa y las destrozaron todas (las milpas), previniendo (a los indios) que hasta los magueyes nos habían de arrancar (todo ello) con violencia y contraviniendo las leyes reales y autos acordados”.
Los cultivos de maíz y calabaza que esos hombres arrasaron estaban en tierras comunales de Azumiatla. En una visita ocular –un recorrido que normalmente hacían las autoridades cuando se trataba de litigios por tierras–, el hacendado acusó a los indios de quitarle el agua a sus tierras; sin embargo, los de Azumiatla no se enteraron de esta visita y en consecuencia se les prohibió cortar leña en un cerro llamado Nanahuachi, que utilizaban desde esa época; asimismo, quedó asentado que por cortar leña para obtener carbón en este monte varios indios de Azumiatla fueron encarcelados. El pleito quedó pendiente, concluye el documento.
Otros casos
Otro documento encontrado por la investigadora Ruiz Medrano en la sección de Tierras del AGN, en el volumen 299, expediente tres del año 1782, da constancia del pleito entre José Núñez, dueño de la hacienda de San José Tlaxcolpan, contra los naturales del pueblo de San Andrés Azumiatla sobre propiedad de tierras, jurisdicción de Puebla.
La hacienda colindaba con el pueblo de San Andrés Azumiatla, cuyos habitantes ya tenían una demanda en la audiencia en contra de Núñez, quien en una carta expresó su “asombro” de la piedad con que se trata a los indios de ese pueblo, ya que afirma que estos son “codiciosos” de tierras. El hacendado dijo que se meten en sus propiedades –que son las mismas que reclamaban los de Azumiatla– con yuntas de animales que barbechan sus tierras e introducen sus ganados. Para justificar todo lo anterior presenta en este juicio el testimonio de varios españoles que testifican a su favor.
Sin embargo, el pueblo de San Andrés Azumiatla explicó a lo largo del juicio que ellos no tienen tierras, ya que fueron despojados por los hacendados y que ni siquiera tenía “las 600 varas en cuadro que corresponden por expresa decisión de la ley del reino, repetidas 12 resoluciones de su majestad y superior decreto de la Real Audiencia de esta Nueva España”. Al igual que el caso anterior, el pleito quedó pendiente.
Ruiz Medrano precisó que las 600 varas se refieren al fundamento legal en el que la ley colonial determinó que era necesario e imprescriptible que los pueblos indios tuvieran tierra comunal; a partir de 1567, el virrey Marqués de Falces otorgó a cada pueblo 500 varas, y en 1687 se extendió a 600 a partir de la última casa del pueblo. Las 600 varas equivalían a 101 hectáreas o un kilómetro de distancia, aproximadamente, a partir de la última casa de cada pueblo. Los españoles se opusieron a la medida, y a partir de 1695 las 600 varas se midieron a partir de la iglesia de los pueblos, ya no de la última casa porque no convenía a sus intereses.
En un tercer caso jurídico, que la investigadora ubicó en el volumen 1095, expediente seis, de los años 1776 a 1783 en el AGN fue el de Ignacio Antonio Núñez –al parecer pariente del hacendado del caso anterior–, dueño de la hacienda de San José Tlaxcolpan, en contra de San Andrés Azumiatla por la propiedad de tierras.
Los indígenas declararon que el 20 de mayo de 1783 Ignacio Núñez les quitó tierras que están detrás de la iglesia, mirando al oriente; los indios de Azumiatla explicaron que esas tierras las obtuvieron a través del conquistador Jacinto Salamanca, quien fundó los pueblos de San Andrés y otros alrededor; además de despojarlos, el hacendado les quemó sus jacales.
En este juicio, el 26 de junio de 1783 el párroco de San Francisco Totimehuacán, declaró que Azumiatla pertenecía a esa doctrina y que los indios no tienen tierras, vivían despojados por los hacendados y se mantenían de sacar carbón del monte, el cual vendían en la ciudad de Puebla. Pidió que les devolvieran las tierras que les quitó Núñez y que están detrás de la iglesia; en respuesta, el hacendado declaró “que los indios de Azumiatla... no quieren trabajar ni en la haciendas, en los tejidos de algodón, fabricando chiquihuites o petate, sino que se viven atenidos a lo que adquieren robando los montes de las circunvecinas haciendas (sin querer) venir a trabajar a ellas, aunque los labradores los soliciten para ganar dinero y respeto”.
Los de Azumiatla respondieron que fueron despojados de sus tierras por el hacendado y que sus linderos se componía “desde el río de Atoyac, del vado grande que nombran San Diego, hasta el cerro de Nanaquachi, en cuya punta va al camino de Teopantlán que divide los linderos de Tlaxcoapan La Huerta y la Caraqueña, y por abajo por tierra caliente con San Bartolomé y Teopantitlán; asimismo, dijeron que las tierras que reclamaban se las quitaron en los años 30 del siglo 18, refieren los datos extraídos por la investigadora Ruiz Medrano.
Chihuahua vulnerable a la influenza
Chihuahua, Chih. (El Digital).- El comité interinstitucional de salud en el Estado informó que hasta el momento se abordó a 30 mil 788 vehículos que ingresaron a la entidad por diversas vías de comunicación, como parte de las acciones de prevención por el brote de influenza que existe en el país.
La Secretaría de Fomento Social dio a conocer que de acuerdo al muestreo en centros de control ubicados en las casetas de cobro de Sacramento, Saucillo y Cuauhtémoc, así como en ciudades como Nuevo Casas Grandes, Juárez, Aeropuerto de Chihuahua y centrales de autobuses de Chihuahua y Parral, al día 3 de mayo se abordó a 30 mil 788 vehículos, que implicaron la atención de 118 mil 935 personas y se otorgaron 348 consultas a personas con síntomas similares a los del virus de influenza humana. De esa cifra, sólo 9 personas fueron remitidas a unidades de salud.
En cuanto a cubre-bocas, se informó que esta dependenia recurrió a su fabricación, ante la gran demanda este producto que se encuentra agotado.
La Dirección de Epidemiología señaló que los cuatro casos de influenza humana que se reportaron están prácticamente sanos y añadió que a nivel estatal se registraron 333 casos sospechosos, de los cuales 59 son influenza tipo A y Tipo B, lo cual no significa que sea de influenza humana, pero se enviaron a México para su análisis y se esperan los resultados de los mismos.
Se destacó que a la fecha no existen defunciones y no se encuentran pacientes hospitalizados por este problema de salud.
La Coordinadora Estatal para la Tarahumara dio a conocer que se ha realizado una intensa campaña de concientización entre la población indígena, para dar a conocer la enfermedad y las medidas de prevención.
Se detectaron a 10 indígenas, 4 de ellos presentaron síntomas parecidos a la influenza y únicamente uno fue remitido al Hospital Infantil, donde ya fue dado de alta pues no se trataba de la citada enfermedad.
En el Hospital Regional de Jiménez se instaló un módulo de información y atención a la salud, y afortunadamente no se ha registrado un solo caso sospechoso de influenza humana.
De igual forma, en el Hospital Regional de Delicias se instalaron módulos de atención a la ciudadanía, incluido uno en el área rural, para atender a cualquier persona que así lo requiera y donde se realiza una revisión médica a los migrantes que vienen del sur del país y que se incorporarán al trabajo en el campo.
La Secretaría de Fomento Social dio a conocer que de acuerdo al muestreo en centros de control ubicados en las casetas de cobro de Sacramento, Saucillo y Cuauhtémoc, así como en ciudades como Nuevo Casas Grandes, Juárez, Aeropuerto de Chihuahua y centrales de autobuses de Chihuahua y Parral, al día 3 de mayo se abordó a 30 mil 788 vehículos, que implicaron la atención de 118 mil 935 personas y se otorgaron 348 consultas a personas con síntomas similares a los del virus de influenza humana. De esa cifra, sólo 9 personas fueron remitidas a unidades de salud.
En cuanto a cubre-bocas, se informó que esta dependenia recurrió a su fabricación, ante la gran demanda este producto que se encuentra agotado.
La Dirección de Epidemiología señaló que los cuatro casos de influenza humana que se reportaron están prácticamente sanos y añadió que a nivel estatal se registraron 333 casos sospechosos, de los cuales 59 son influenza tipo A y Tipo B, lo cual no significa que sea de influenza humana, pero se enviaron a México para su análisis y se esperan los resultados de los mismos.
Se destacó que a la fecha no existen defunciones y no se encuentran pacientes hospitalizados por este problema de salud.
La Coordinadora Estatal para la Tarahumara dio a conocer que se ha realizado una intensa campaña de concientización entre la población indígena, para dar a conocer la enfermedad y las medidas de prevención.
Se detectaron a 10 indígenas, 4 de ellos presentaron síntomas parecidos a la influenza y únicamente uno fue remitido al Hospital Infantil, donde ya fue dado de alta pues no se trataba de la citada enfermedad.
En el Hospital Regional de Jiménez se instaló un módulo de información y atención a la salud, y afortunadamente no se ha registrado un solo caso sospechoso de influenza humana.
De igual forma, en el Hospital Regional de Delicias se instalaron módulos de atención a la ciudadanía, incluido uno en el área rural, para atender a cualquier persona que así lo requiera y donde se realiza una revisión médica a los migrantes que vienen del sur del país y que se incorporarán al trabajo en el campo.
Reportan 101 casos de posible influenza humana en Oaxaca
Oaxaca, Oax., (Milenio).- La secretaria de Salud estatal realizó un cerco sanitario en la comunidad indígena de Totoltepec, Mixe, donde se registró el fallecimiento de una persona presuntamente por el del virus de influenza humana; mientras que 38 más fueron aisladas.
El titular de la dependencia, Martín Vázquez reportó que trata de un grupo de personas que se trasladaron vía terrestre en un autobús desde la ciudad de México hasta su pueblo a festejar la fiesta patronal.
Sin embargo, al llegar a la comunidad ubicada en la Sierra Norte de Oaxaca, una mujer de 30 años de nombre Silvia Mesta García, comenzó a sentirse mal por lo que acudió al hospital del lugar, en donde a las 20:25 falleció.
La paciente fue internada en el hospital del IMSS, institución que hizo el reporte y quien se ordenó instalar el cerco sanitario en el lugar.
A las 38 personas se les han realizado estudios de contacto y profilactico para cortar el cerco de infección.
De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud estatal, otras dos personas fallecieron, se trata de un hombre de 74 años de la comunidad de María de Lambardo de caso; y otro más de 30 en el hospital civil de Oaxaca que presentó un cuadro febril.
Según los datos oficial son 101 casos sospechosos, 36 están hospitalizados, 24 están estables, 7 delicados y 5 se encuentran graves.
Ante la contingencia derivado de este hecho, en Oaxaca el gobierno estatal y la Secretaría de Salud, aplicó cercos sanatorios en las terminales de autobuses y en las casetas de cobro de la autopista Oaxaca-México.
El titular de la dependencia, Martín Vázquez reportó que trata de un grupo de personas que se trasladaron vía terrestre en un autobús desde la ciudad de México hasta su pueblo a festejar la fiesta patronal.
Sin embargo, al llegar a la comunidad ubicada en la Sierra Norte de Oaxaca, una mujer de 30 años de nombre Silvia Mesta García, comenzó a sentirse mal por lo que acudió al hospital del lugar, en donde a las 20:25 falleció.
La paciente fue internada en el hospital del IMSS, institución que hizo el reporte y quien se ordenó instalar el cerco sanitario en el lugar.
A las 38 personas se les han realizado estudios de contacto y profilactico para cortar el cerco de infección.
De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud estatal, otras dos personas fallecieron, se trata de un hombre de 74 años de la comunidad de María de Lambardo de caso; y otro más de 30 en el hospital civil de Oaxaca que presentó un cuadro febril.
Según los datos oficial son 101 casos sospechosos, 36 están hospitalizados, 24 están estables, 7 delicados y 5 se encuentran graves.
Ante la contingencia derivado de este hecho, en Oaxaca el gobierno estatal y la Secretaría de Salud, aplicó cercos sanatorios en las terminales de autobuses y en las casetas de cobro de la autopista Oaxaca-México.
Denuncian abusos legales de autoridades chiapanecas en contra de ocho indígenas
San Cristóbal de las Casas, Chis., (La Jornada).- "La exhibición de indiciados, como se designa a una persona sobre la que recae la posibilidad de la comisión de un delito, constituye una violación a sus derechos humanos", expone el abogado Miguel Ángel de los Santos en relación con las recientes detenciones de ocho jóvenes indígenas, adherentes de la otra campaña, y uno de ellos base de apoyo del EZLN, originarios del ejido San Sebastián Bachajón (municipio de Chilón) y la región autónoma zapatista San José en Rebeldía.
El defensor de derechos humanos y catedrático de la Universidad Autónoma de Chiapas destaca que el gobierno estatal publicitó a estas personas como si conformaran "una presunta banda de delincuentes que asaltaba autobuses", y sus fotografías "fueron exageradamente difundidas".
El abogado añade que no han sido estos los únicos casos. "De hecho, en Chiapas esta práctica se ha convertido en costumbre, como también que cuando son liberados porque no se demuestra su responsabilidad", sucede "sin la publicidad de la detención".
En un análisis titulado Presunción de inocencia y exhibición, De los Santos considera que "desde la perspectiva de la autoridad, la exhibición tiene como objetivo mostrar a la sociedad que las policías son eficaces, que han capturado a delincuentes y que a otros puede ocurrirles lo mismo".
Más allá de que los cuerpos de policía sean eficaces en el combate a la delincuencia, "y me parece que no lo son, porque generalmente detienen bajo supuestos de flagrancia y/o con arbitrariedades", apunta el especialista, "la presunción de inocencia constituye un derecho universalmente aceptado y recientemente incorporado explícitamente en la Constitución mexicana".
Esa situación supone que cualquier persona vinculada con una conducta ilícita "debe ser considerada inocente hasta en tanto se declare su responsabilidad por una autoridad jurisdiccional".
La exhibición pública de imágenes de las personas detenidas, y a veces ni siquiera detenidas porque sólo han sido aseguradas y se encuentran bajo arraigo, "genera la percepción de responsabilidad; es decir, la sola presentación pública de un detenido sugiere que ha cometido un delito".
Es lo que ha ocurrido con Jerónimo y Antonio Gómez Saragos, Miguel Demeza Jiménez, Sebastián y Pedro Demeza Deara, Jerónimo Moreno Deara (adherentes de la otra campaña detenidos el 13 de abril), así como Alfredo Gómez Moreno (poblador de Xanil) y Miguel Vázquez Moreno (de Crucero Agua Azul y base de apoyo del EZLN), detenidos el 17 y 18 de abril, respectivamente. Este primero de mayo fueron puestos a disposición del juez y remitidos a la cárcel de El Amate.
"Una vez que una persona ha sido legalmente detenida es objeto de un proceso penal en que se dilucidarán los hechos que se le imputan y se decidirá si es responsable." Durante el tiempo en que se lleva el proceso, "la persona es considerada inocente", explica Miguel Ángel De los Santos. "Es absurdo" que una persona sea privada de la libertad mientras se determina su responsabilidad.
No ignora que en México a ciertos detenidos se les publicita esposados y flanqueados por policías, teniendo como fondo los logos o nombres de las procuradurías de justicia o las corporaciones que llevaron a cabo la detención, "y en el peor de los casos señalándolos como delincuentes".
El análisis concluye que las autoridades de procuración de justicia, en este caso del estado de Chiapas, "incurren en violación al derecho a la presunción de inocencia cuando exhiben como si fueran responsables de delitos a personas que no han sido objeto de un proceso penal".
El defensor de derechos humanos y catedrático de la Universidad Autónoma de Chiapas destaca que el gobierno estatal publicitó a estas personas como si conformaran "una presunta banda de delincuentes que asaltaba autobuses", y sus fotografías "fueron exageradamente difundidas".
El abogado añade que no han sido estos los únicos casos. "De hecho, en Chiapas esta práctica se ha convertido en costumbre, como también que cuando son liberados porque no se demuestra su responsabilidad", sucede "sin la publicidad de la detención".
En un análisis titulado Presunción de inocencia y exhibición, De los Santos considera que "desde la perspectiva de la autoridad, la exhibición tiene como objetivo mostrar a la sociedad que las policías son eficaces, que han capturado a delincuentes y que a otros puede ocurrirles lo mismo".
Más allá de que los cuerpos de policía sean eficaces en el combate a la delincuencia, "y me parece que no lo son, porque generalmente detienen bajo supuestos de flagrancia y/o con arbitrariedades", apunta el especialista, "la presunción de inocencia constituye un derecho universalmente aceptado y recientemente incorporado explícitamente en la Constitución mexicana".
Esa situación supone que cualquier persona vinculada con una conducta ilícita "debe ser considerada inocente hasta en tanto se declare su responsabilidad por una autoridad jurisdiccional".
La exhibición pública de imágenes de las personas detenidas, y a veces ni siquiera detenidas porque sólo han sido aseguradas y se encuentran bajo arraigo, "genera la percepción de responsabilidad; es decir, la sola presentación pública de un detenido sugiere que ha cometido un delito".
Es lo que ha ocurrido con Jerónimo y Antonio Gómez Saragos, Miguel Demeza Jiménez, Sebastián y Pedro Demeza Deara, Jerónimo Moreno Deara (adherentes de la otra campaña detenidos el 13 de abril), así como Alfredo Gómez Moreno (poblador de Xanil) y Miguel Vázquez Moreno (de Crucero Agua Azul y base de apoyo del EZLN), detenidos el 17 y 18 de abril, respectivamente. Este primero de mayo fueron puestos a disposición del juez y remitidos a la cárcel de El Amate.
"Una vez que una persona ha sido legalmente detenida es objeto de un proceso penal en que se dilucidarán los hechos que se le imputan y se decidirá si es responsable." Durante el tiempo en que se lleva el proceso, "la persona es considerada inocente", explica Miguel Ángel De los Santos. "Es absurdo" que una persona sea privada de la libertad mientras se determina su responsabilidad.
No ignora que en México a ciertos detenidos se les publicita esposados y flanqueados por policías, teniendo como fondo los logos o nombres de las procuradurías de justicia o las corporaciones que llevaron a cabo la detención, "y en el peor de los casos señalándolos como delincuentes".
El análisis concluye que las autoridades de procuración de justicia, en este caso del estado de Chiapas, "incurren en violación al derecho a la presunción de inocencia cuando exhiben como si fueran responsables de delitos a personas que no han sido objeto de un proceso penal".
En incertidumbre la llegada de centroamericanos para cumbre del Abya Yala
Puno, Perú, (Los Andes).- Aunque las autoridades del sector salud han puesto paños fríos respecto a la posible propagación del virus A/H1N1 (gripe porcina), el temor de contagios continúa en la población. En Puno por ejemplo, ha surgido cierta preocupación en torno a la realización de la Cuarta Cumbre de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, que se hará del 27 al 31 de mayo próximo.
Los organizadores están previendo la llegada de decenas de centroamericanos, entre ellos, alrededor de 20 mexicanos, a quienes se les tendrá que someter a rigurosos controles en caso de confirmarse su participación.
Según el gerente de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de Puno, Juan Palao Aturregui, si el problema empeora, la Cumbre podría estar en peligro de suspenderse. Todo dependerá del control al virus por parte de expertos.
No obstante, la secretaria de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Shirley Pérez Cano, el evento internacional se llevará sí o sí, “de todas maneras la cuarta cumbre se tiene que realizar, y si estas personas procedentes de México no ingresan, será culpa del Estado”, consideró.
La magnitud internacional de esta cumbre realza por la llegada de indígenas desde África, “Quilombombola”, de Asia “Pueblo Same” y de Europa “Naciones sin Estado”, lo que hará posible la participación de por lo menos mil dirigentes de países que no son de America.
De acuerdo a lo que dice Pérez Cano, el total de personas asistentes a este evento bordeará los cinco mil, entre ellos, dos mil mujeres, 200 niños y 500 jóvenes.
“Las coordinaciones en la región ya se han estado llevando a cabo desde hace un buen tiempo; entre ellos Defensa Civil, los Bomberos, hospitales, ambulancias, Serenazgo, la Policía, entre otros, que aseguran el bienestar de los visitantes”, sostuvo Pérez Cano.
Los organizadores están previendo la llegada de decenas de centroamericanos, entre ellos, alrededor de 20 mexicanos, a quienes se les tendrá que someter a rigurosos controles en caso de confirmarse su participación.
Según el gerente de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de Puno, Juan Palao Aturregui, si el problema empeora, la Cumbre podría estar en peligro de suspenderse. Todo dependerá del control al virus por parte de expertos.
No obstante, la secretaria de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Shirley Pérez Cano, el evento internacional se llevará sí o sí, “de todas maneras la cuarta cumbre se tiene que realizar, y si estas personas procedentes de México no ingresan, será culpa del Estado”, consideró.
La magnitud internacional de esta cumbre realza por la llegada de indígenas desde África, “Quilombombola”, de Asia “Pueblo Same” y de Europa “Naciones sin Estado”, lo que hará posible la participación de por lo menos mil dirigentes de países que no son de America.
De acuerdo a lo que dice Pérez Cano, el total de personas asistentes a este evento bordeará los cinco mil, entre ellos, dos mil mujeres, 200 niños y 500 jóvenes.
“Las coordinaciones en la región ya se han estado llevando a cabo desde hace un buen tiempo; entre ellos Defensa Civil, los Bomberos, hospitales, ambulancias, Serenazgo, la Policía, entre otros, que aseguran el bienestar de los visitantes”, sostuvo Pérez Cano.
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