Chilpancingo, Gro., (Reforma).- El Gobierno de Guerrero alista un proyecto de reconocimiento legal de la Policía Comunitaria que opera en 72 poblados que pertenecen a 10 municipios, declaró el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC), Heriberto Salinas Altés.
"Lo primero que se tiene que hacer es que todas las armas que utilizan los elementos de esta corporación tienen que incluirlas en el permiso colectivo que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional", refirió el General.
Salinas Altés comentó que esa Secretaría está dispuesta a asesorar a esta policía comunitaria para que obtenga el permiso de portación de armas ante la Defensa Nacional.
Son más de 400 armas, entre rifles de calibre .16 y .22, las que poseen los elementos de esta corporación que recorren las comunidades de municipios de la región de la Montaña para brindar seguridad a la ciudadanía.
El titular de la SSPPC, admitió que el índice de violencia delincuencial ha disminuido en forma notable en la zona donde opera la Policía Comunitaria.
En mayo próximo se realizará un foro estatal en algunas de las comunidades donde opera esta Policía y el propósito de este evento es para que especialistas en la materia aporten opiniones respecto a la corporación.
22 mar 2009
Eligen a reo como representante comunal
Oaxaca, Oax., (Reforma).- Habitantes de Santo Domingo Ixcatlán eligieron este domingo como su nuevo presidente del Comisariado de Bienes Comunales a Fredy Eucario Morales Arias, quien actualmente se encuentra preso, acusado de asesinar y desollar a tres personas.
Pedro Castro Hernández, presidente de la mesa de debates de la asamblea comunitaria, informó que Morales Arias obtuvo el voto de los 223 comuneros que participaron en la elección.
Asimismo, indicó que el también ex Edil de Ixcatlán fue el único candidato propuesto por el Consejo de Ancianos.
La asamblea se celebró en la plaza principal de esta comunidad ubicada en la región de la Sierra Sur, en los límites con la Mixteca.
La elección se realizó a través de voto secreto depositado en urnas elaboradas con cajas de cartón.
Castro Hernández aseguró que la elección fue avalada por funcionarios de la Procuraduría Agraria y de la Junta de Conciliación Agraria.
Fredy Eucario Morales Arias se encuentra recluido en el Penal Central del Estado, ubicado en el Municipio de Santa Lucía del Camino.
Está acusado de haber asesinado a tres pobladores de Ixcatlán, quienes se oponían a que grupos armados vigilaran las más de mil hectáreas que están en conflicto con el Municipio vecino de Chalcatongo de Hidalgo.
A finales del año pasado, un grupo de habitantes de Ixcatlán denunció que este grupo armado corrió a los policías estatales que resguardaban la comunidad y asumieron el control de ésta.
La elección de este domingo fue resguardada por 65 elementos de la Policía Estatal, quienes llegaron a bordo de 12 patrullas, aseguró Castro Hernández.
Pedro Castro Hernández, presidente de la mesa de debates de la asamblea comunitaria, informó que Morales Arias obtuvo el voto de los 223 comuneros que participaron en la elección.
Asimismo, indicó que el también ex Edil de Ixcatlán fue el único candidato propuesto por el Consejo de Ancianos.
La asamblea se celebró en la plaza principal de esta comunidad ubicada en la región de la Sierra Sur, en los límites con la Mixteca.
La elección se realizó a través de voto secreto depositado en urnas elaboradas con cajas de cartón.
Castro Hernández aseguró que la elección fue avalada por funcionarios de la Procuraduría Agraria y de la Junta de Conciliación Agraria.
Fredy Eucario Morales Arias se encuentra recluido en el Penal Central del Estado, ubicado en el Municipio de Santa Lucía del Camino.
Está acusado de haber asesinado a tres pobladores de Ixcatlán, quienes se oponían a que grupos armados vigilaran las más de mil hectáreas que están en conflicto con el Municipio vecino de Chalcatongo de Hidalgo.
A finales del año pasado, un grupo de habitantes de Ixcatlán denunció que este grupo armado corrió a los policías estatales que resguardaban la comunidad y asumieron el control de ésta.
La elección de este domingo fue resguardada por 65 elementos de la Policía Estatal, quienes llegaron a bordo de 12 patrullas, aseguró Castro Hernández.
Se festejará por todo lo alto designación de Voladores de Papantla
Papantla, Ver., (Notimex).- De ser nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, el tradicional rito totonaca de los Voladores de Papantla, los organizadores de la Cumbre Tajín festejarán con un vuelo simultáneo en todos los palos voladores de Mesoamérica.
Así lo dio a conocer Salomón Bazbaz Lapidus, productor ejecutivo del Festival de la Identidad, quien aseguró que de conseguir el nombramiento en octubre próximo, se tiene previsto una gran celebración.
Asimismo dijo que en caso de que autoridades del organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitan un fallo en contra, "el plan de salvaguarda del ritual de la danza de los hombres pájaro, continuará".
Estoy convencido de que si no se da esta ocasión, en el futuro se volverá a presentar la propuesta, pues estamos hablando de una de las expresiones más importantes de la humanidad, indicó el también promotor cultural, al tiempo que reveló que de darse el nombramiento a favor, se promoverá una legislación para proteger este ritual.
Al hacer un balance del evento que hoy llegó a su fin, precisó que durante cinco días se tuvo una afluencia de poco más de 50 mil visitantes siendo el pasado viernes durante el concierto del grupo de Los Tigres del Norte, el día que se congregaron 25 mil personas rompiendo el record del propio Parque Temático en 2008, con 22 mil. Reportó un festival de manera armónica, pues las más de cinco mil actividades programadas, se realizaron en absoluta paz.
"Estamos contentos y esto nos representa la satisfacción más grande que puede tener un equipo como el nuestro y lograr que la gente se lleve algo", expresó.
Comentó que cerca de más de cuatro mil artistas participaron en ceremonias, talleres, rituales, terapias alternativas, juegos autóctonos, conciertos, danzas, actos circenses, conferencias, exposiciones y proyecciones.
"Fueron cuatro mil y dos mil 500 de ellos, han sido totonaco, lo cual nos da un doble gusto; además de que en la parte de organización participaron cinco mil personas", agregó. Por otra parte, se mostró dispuesto a apoyar en la próxima edición de Cumbre Tajín, con los festejos del 2010, siempre y cuando se solicite.
"La idea es que en el Plan General de actividades encaminadas al Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, se le dé una mayor importancia a las culturas indígenas, porque no podemos pensar en el México actual, sin estas culturas".
"La celebración, me gustaría que se cargará a este sentido, porque son ellas las que nos han dado una identidad y las que nos han hecho un país diverso", expresó. Recordó que el festejo tuvo momentos mágicos, como la realización del Encuentro Internacional de Voladores, en donde se logró reunir a voladores desde San Luis Potosí, hasta Guatemala.
En el IV Encuentro de Artesanos participaron más de 300 creadores de 140 municipios del estado de Veracruz; y se reconoció al líder moral y espiritual del Consejo Supremo Totonaco, Juan Simbrón Méndez.
De igual manera se admiró el espectáculo de luz y sonido, denominado "Tajín vive", en la zona arqueológica. En general, todas las actividades realizadas, han sido de una excelente calidad, indicó Bazbaz Lapidus, quien sostuvo que el Tajín cumple con los objetivos de "traer al mundo el totonacapan y el totonacapan al mundo.
De igual manera sostuvo que el 30 por ciento de lo recaudado en taquilla, será destinado para las becas de los estudiantes totonacos que se han visto beneficiados, gracias a la realización del festival.
Cabe destacar que la jornada concluirá por la noche en el nicho de la música, con la presentación por segunda vez en este festejo, del acordionista regiomontano Celso Piña, cerrando de este modo la décima edición de la Cumbre Ají Ne 2009.
Así lo dio a conocer Salomón Bazbaz Lapidus, productor ejecutivo del Festival de la Identidad, quien aseguró que de conseguir el nombramiento en octubre próximo, se tiene previsto una gran celebración.
Asimismo dijo que en caso de que autoridades del organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitan un fallo en contra, "el plan de salvaguarda del ritual de la danza de los hombres pájaro, continuará".
Estoy convencido de que si no se da esta ocasión, en el futuro se volverá a presentar la propuesta, pues estamos hablando de una de las expresiones más importantes de la humanidad, indicó el también promotor cultural, al tiempo que reveló que de darse el nombramiento a favor, se promoverá una legislación para proteger este ritual.
Al hacer un balance del evento que hoy llegó a su fin, precisó que durante cinco días se tuvo una afluencia de poco más de 50 mil visitantes siendo el pasado viernes durante el concierto del grupo de Los Tigres del Norte, el día que se congregaron 25 mil personas rompiendo el record del propio Parque Temático en 2008, con 22 mil. Reportó un festival de manera armónica, pues las más de cinco mil actividades programadas, se realizaron en absoluta paz.
"Estamos contentos y esto nos representa la satisfacción más grande que puede tener un equipo como el nuestro y lograr que la gente se lleve algo", expresó.
Comentó que cerca de más de cuatro mil artistas participaron en ceremonias, talleres, rituales, terapias alternativas, juegos autóctonos, conciertos, danzas, actos circenses, conferencias, exposiciones y proyecciones.
"Fueron cuatro mil y dos mil 500 de ellos, han sido totonaco, lo cual nos da un doble gusto; además de que en la parte de organización participaron cinco mil personas", agregó. Por otra parte, se mostró dispuesto a apoyar en la próxima edición de Cumbre Tajín, con los festejos del 2010, siempre y cuando se solicite.
"La idea es que en el Plan General de actividades encaminadas al Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, se le dé una mayor importancia a las culturas indígenas, porque no podemos pensar en el México actual, sin estas culturas".
"La celebración, me gustaría que se cargará a este sentido, porque son ellas las que nos han dado una identidad y las que nos han hecho un país diverso", expresó. Recordó que el festejo tuvo momentos mágicos, como la realización del Encuentro Internacional de Voladores, en donde se logró reunir a voladores desde San Luis Potosí, hasta Guatemala.
En el IV Encuentro de Artesanos participaron más de 300 creadores de 140 municipios del estado de Veracruz; y se reconoció al líder moral y espiritual del Consejo Supremo Totonaco, Juan Simbrón Méndez.
De igual manera se admiró el espectáculo de luz y sonido, denominado "Tajín vive", en la zona arqueológica. En general, todas las actividades realizadas, han sido de una excelente calidad, indicó Bazbaz Lapidus, quien sostuvo que el Tajín cumple con los objetivos de "traer al mundo el totonacapan y el totonacapan al mundo.
De igual manera sostuvo que el 30 por ciento de lo recaudado en taquilla, será destinado para las becas de los estudiantes totonacos que se han visto beneficiados, gracias a la realización del festival.
Cabe destacar que la jornada concluirá por la noche en el nicho de la música, con la presentación por segunda vez en este festejo, del acordionista regiomontano Celso Piña, cerrando de este modo la décima edición de la Cumbre Ají Ne 2009.
Impulsa UAM proyecto de desarrollo sustentable para la región Triqui
Oaxaca, Oax.- Un grupo de académicos de las cuatro unidades académicas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) iniciarán el diagnóstico de un proyecto interdisciplinario de desarrollo sustentable para la Mixteca Alta y la Región Triqui de Oaxaca, territorio que padece un deterioro ambiental histórico y donde habitan comunidades indígenas laceradas por la marginalidad, los cacicazgos, la desigualdad y la pobreza.
Así lo señaló la doctora Yolanda Massieu Trigo, profesora-investigadora del Departamento de Relaciones Sociales de la Unidad Xochimilco, quien agregó que la grave situación económica, social y ambiental que viven estas comunidades de Oaxaca –la mitad de su población se encuentra en pobreza extrema, la entidad ocupa el tercer lugar en rezago social y la Mixteca es considerada una de las zonas más erosionadas del mundo– ha dado origen a una migración elevada.
Alrededor de 150 mil oaxaqueños, prosiguió la investigadora, emigran al año a Estados Unidos y desde 1940 la migración autóctona, en particular de la Mixteca, mantiene un crecimiento ininterrumpido.
La integrante del equipo de trabajo del proyecto de investigación “Territorialidades y desarrollo sustentable en la Mixteca Alta y la región Triqui, Oaxaca” sostuvo que la explotación ancestral de la población de esta región, por el cacicazgo regional y las disputas agrarias y territoriales, ha derivado en conflictos sociales y políticos violentos.
Frente a un contexto tan complejo, añadió, 13 investigadores de esta casa de estudios, junto con cinco tesistas de posgrado y uno de servicio social de licenciatura, realizan un esfuerzo para reunir los saberes de sus diferentes disciplinas.
El objetivo, apuntó la especialista, es llevar a cabo una investigación interdisciplinaria que permita comprender el entrelazamiento de causalidades y problemas de este espacio territorial, para contribuir en la construcción conceptual, el diseño de formas de acompañamiento y la acción social de los actores locales, en procesos de cambio que se dirijan al desarrollo territorial sustentable.
De acuerdo con Massieu Trigo el estudio será abordado desde un enfoque territorial y de sustentabilidad e incorporará el análisis interdisciplinario de las complejas relaciones que se establecen en la conformación de un territorio.
De esta manera se considerarán aspectos físico-geográficos, socioeconómicos, políticos, culturales, biológicos, ambientales, antropológicos, tecnológicos y productivos, que se tocarán desde las experiencias y prácticas sociales de los actores de la región.
Una vez concluida la etapa diagnóstica serán definidas las propuestas de desarrollo local que se consideren viables, de manera particular para las comunidades de los municipios de Juxtlahuaca, Huajuapan de León, Tlaxiaco y San Juan Copala.
En la UAM se han generado valiosos trabajos de investigación sociológica y antropológica sobre la región de la Mixteca elaborados por profesores y alumnos de posgrado, los cuales constituyen importantes antecedentes para este nuevo proyecto, que también tiene entre sus objetivos la generación de artículos, libros, videos y un seminario.
Al reciente proyecto le preceden diferentes labores de colaboración con las comunidades indígenas de la región, realizadas mediante servicio social, como la impartición del Diplomado Educación para la Autonomía, dirigido a profesores de la región con la idea de construir una preparatoria triqui en la región, el cual derivó de un convenio entre el municipio autónomo triqui de San Juan Copala y la UAM y en el que participaron varios de los investigadores que inician este proyecto.
Por medio de la Especialización, Maestría y Doctorado en Desarrollo Rural de la Unidad Xochimilco –que este año cumplirá 25 años– también se han establecido relaciones con Organizaciones No Gubernamentales que participan en la región, como Enlace Rural Regional A.C. (ERRAC), a la que pertenecen varios egresados del citado posgrado y con la que la UAM estableció otro convenio recientemente.
Así lo señaló la doctora Yolanda Massieu Trigo, profesora-investigadora del Departamento de Relaciones Sociales de la Unidad Xochimilco, quien agregó que la grave situación económica, social y ambiental que viven estas comunidades de Oaxaca –la mitad de su población se encuentra en pobreza extrema, la entidad ocupa el tercer lugar en rezago social y la Mixteca es considerada una de las zonas más erosionadas del mundo– ha dado origen a una migración elevada.
Alrededor de 150 mil oaxaqueños, prosiguió la investigadora, emigran al año a Estados Unidos y desde 1940 la migración autóctona, en particular de la Mixteca, mantiene un crecimiento ininterrumpido.
La integrante del equipo de trabajo del proyecto de investigación “Territorialidades y desarrollo sustentable en la Mixteca Alta y la región Triqui, Oaxaca” sostuvo que la explotación ancestral de la población de esta región, por el cacicazgo regional y las disputas agrarias y territoriales, ha derivado en conflictos sociales y políticos violentos.
Frente a un contexto tan complejo, añadió, 13 investigadores de esta casa de estudios, junto con cinco tesistas de posgrado y uno de servicio social de licenciatura, realizan un esfuerzo para reunir los saberes de sus diferentes disciplinas.
El objetivo, apuntó la especialista, es llevar a cabo una investigación interdisciplinaria que permita comprender el entrelazamiento de causalidades y problemas de este espacio territorial, para contribuir en la construcción conceptual, el diseño de formas de acompañamiento y la acción social de los actores locales, en procesos de cambio que se dirijan al desarrollo territorial sustentable.
De acuerdo con Massieu Trigo el estudio será abordado desde un enfoque territorial y de sustentabilidad e incorporará el análisis interdisciplinario de las complejas relaciones que se establecen en la conformación de un territorio.
De esta manera se considerarán aspectos físico-geográficos, socioeconómicos, políticos, culturales, biológicos, ambientales, antropológicos, tecnológicos y productivos, que se tocarán desde las experiencias y prácticas sociales de los actores de la región.
Una vez concluida la etapa diagnóstica serán definidas las propuestas de desarrollo local que se consideren viables, de manera particular para las comunidades de los municipios de Juxtlahuaca, Huajuapan de León, Tlaxiaco y San Juan Copala.
En la UAM se han generado valiosos trabajos de investigación sociológica y antropológica sobre la región de la Mixteca elaborados por profesores y alumnos de posgrado, los cuales constituyen importantes antecedentes para este nuevo proyecto, que también tiene entre sus objetivos la generación de artículos, libros, videos y un seminario.
Al reciente proyecto le preceden diferentes labores de colaboración con las comunidades indígenas de la región, realizadas mediante servicio social, como la impartición del Diplomado Educación para la Autonomía, dirigido a profesores de la región con la idea de construir una preparatoria triqui en la región, el cual derivó de un convenio entre el municipio autónomo triqui de San Juan Copala y la UAM y en el que participaron varios de los investigadores que inician este proyecto.
Por medio de la Especialización, Maestría y Doctorado en Desarrollo Rural de la Unidad Xochimilco –que este año cumplirá 25 años– también se han establecido relaciones con Organizaciones No Gubernamentales que participan en la región, como Enlace Rural Regional A.C. (ERRAC), a la que pertenecen varios egresados del citado posgrado y con la que la UAM estableció otro convenio recientemente.
Desviados, los recursos para los pueblos indios
Ciudad de México, DF., (Proceso).- ientras los pueblos indígenas están abandonados, inmersos en la pobreza y el analfabetismo, el gobierno federal y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDPI) se convirtieron en un refugio para panistas desempleados y en un instrumento electoral, sostiene Marcos Matías Alonso, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en la Cámara de Diputados.
Expone: En el reporte entregado el jueves 12 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), esta comisión, dirigida por Luis H. Álvarez, registró un desvío hacia otras secretarías de al menos mil 687 millones de pesos del presupuesto que se le asignó en 2007.
Y enumera algunos casos: a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se le transfirieron 300 millones de pesos; a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), 200 millones; a la Secretaría de Educación Pública, 296 millones, y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 606 millones de pesos para la construcción de tres carreteras que no se hicieron.
De acuerdo con la ley, la CNDPI tiene 45 días para responder a las observaciones de la ASF. De no hacerlo, sostiene el legislador, deberá regresar ese dinero.
Entrevistado por Proceso, el exdirector del Instituto Nacional Indigenista (INI), organismo que desapareció en el gobierno foxista para dar paso a la CNDPI–, advierte que el desinterés gubernamental hacia las comunidades indígenas puede llevar a sus habitantes a emplearse en el narcotráfico, pues el gobierno sólo les otorgó 38 mil millones este año, equivalente al 0.4% del presupuesto federal.
Dice: “Luis H. Álvarez se montó en la misma institución que dejó Xóchitl Gálvez pero no hubo ninguna reorientación, ninguna evaluación. Está trabajando sobre una institución vieja con el nombre de una nueva; siguen con los albergues populares, con los fondos regionales, no hay un programa nuevo con el que se pueda presumir como un proyecto exitoso del gobierno para combatir la pobreza de los pueblos indígenas”.
Según el diputado por Guerrero, Calderón prefirió “empanizar” esa comisión desplazando a los cuadros indígenas en las delegaciones estatales. “En su lugar –arguye– puso a militantes del PAN sin experiencia ni conocimiento de la situación de los pueblos indígenas”.
Como ejemplo destaca el caso de Xavier Abreu Sierra, quien después de su derrota en 2007 como candidato del PAN a la gubernatura de Yucatán, fue colocado en la CNDPI como responsable de la Unidad de Coordinación y Enlace.
Ahora, dice, es Abreu quien manda en la comisión. Es él quien toma las decisiones y maneja los programas con fines electorales, pues sigue las instrucciones del presidente Calderón de instalar a militantes del PAN en la estructura nacional de esa dependencia.
E insiste: “Yo tengo la hipótesis de que la comisión va a tratar de expandirse buscando el mercado de votos indígenas a través de la colocación de hombres y mujeres del PAN en los estados, sobre todo en el sur y sureste donde la izquierda domina las plazas.
“El propósito es comprar el voto a través de los programas sociales, lo mismo que pretenden hacer con la Secretaría de Desarrollo Social.” Para Matías Alonso, integrante del Consejo Nacional Indígena e investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el manejo del presupuesto federal dedicado a los pueblos indígenas es un asunto delicado: “Si los proyectos no están orientados a los verdaderos destinatarios, la burocracia se come los recursos.”
Su compañera de bancada, Holly Matus Toledo, plantea: en materia de salud, “registramos índices en algunos municipios y regiones indígenas con una diferencia de 13% con respecto al nivel nacional; y en el rubro educación la diferencia es del 17%, nivel muy parecido al de los de países africanos”.
Marcos Matías recuerda que en junio de 2008, cuando se revisó el ejercicio presupuestal de 2007, los legisladores detectaron que hasta esa fecha la CNDPI no había ejercido 2 mil millones de pesos, por lo que se citó al comisionado Luis H. Álvarez para que explicara sobre esa irregularidad.
En aquella ocasión, el funcionario dijo que el gasto “se había ajustado”, y expuso que todos los recursos de 2007 se utilizaron en programas carreteros, de infraestructura comunitaria y de desarrollo social y humano, entre otros. Pero la explicación de Álvarez no satisfizo, señala Marcos Matías, lo que impidió que para 2009 se solicitaran más recursos.
“El escenario es preocupante. El presupuesto para los pueblos indígenas sólo representa el 0.4% del global. Esto refleja la discriminación económica porque a los pueblos indígenas sólo se darán 38 mil millones de pesos cuando la población es de 15 millones y representa el 12% de la población nacional.”
En contraste, para los gastos personales de la CNDPI se destinaron 118 millones de pesos en 2007. “El gobierno partió de la idea de que los altos directivos deberían tener una alta remuneración y las tropas salarios miserables”, dice el legislador. Y asevera: “Si de veras quiere atender a la población indígena, el gobierno tendría que destinar el 10% del presupuesto nacional.”
Matías Alonso afirma que el gobierno de Felipe Calderón no tiene un sólo programa emblemático con base en el cual pudiera medirse el impacto de los recursos para los pueblos indígenas.
–¿Qué evaluación hace de la CNDPI?
–Que ha sido abandonada. No hay experiencia en el tema por parte de los nuevos funcionarios.
–¿Qué opina de Luis H. Álvarez?
–No hay mucho que esperar. Tiene 87 años. La comisión necesita a gente con mucha energía, que pueda recorrer el país por tierra, que tenga presencia internacional. A don Luis no se le niega el papel que tuvo en la Cocopa, junto con Heberto Castillo, en las negociaciones con el EZLN…
Sin programas
En su estudio Mi voz en el cabildo: transparencia y monitoreo ciudadano en regiones indígenas de México, realizado en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alianza Cívica sostiene que son cerca de 15 millones los indígenas que sobreviven en situaciones de extrema pobreza. Además, indica, carecen de representación política, pues se les impide participar en los espacios de gobierno.
La investigación apunta que en varios de los 28 distritos electorales con mayoría de población indígena, ésta se identifica más con las autoridades locales que con las federales. Eso “revela la lejanía que existe entre los legisladores y las autoridades con los pueblos indígenas”.
Xóchitl Gálvez, quien antecedió a Luis H. Álvarez en la CNDPI, admite que para el gobierno de Calderón el tema indígena no es prioritario. Los funcionarios que ahora están al frente de la dependencia, asegura, “son de un bajo perfil. Lo que hace falta es una nueva reforma a la Constitución para que se reconozcan los derechos políticos, sociales y económicos de los pueblos indígenas”.
Según ella, si bien el subcomandante Marcos ya no es un problema visible para el gobierno, “las causas que dieron origen al conflicto zapatista aún no se resuelven”.
–Cuando habla de los derechos, ¿a qué se refiere?
–A la autonomía y a la libre determinación reconocidas en la Constitución. Se tiene que clarificar esto porque nadie pretende estados independientes dentro del territorio, ni siquiera los pueblos indígenas ni los luchadores sociales. Pero es muy importante el pleno reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos de derecho y no como meros sujetos de interés público.
Gálvez explica que existe también “la posibilidad de crear un cuarto nivel de gobierno en todos los municipios y no sólo en los indígenas”. La Constitución, arguye, no puede establecer excepciones, “pero yo he visto que en muchos municipios a las comunidades indígenas no les dan recursos”.
Dice que es válido que las comunidades indígenas reciban de manera directa fondos de la federación, no como una célula completa administrativa autónoma, pero sí para que atiendan sus necesidades específicas de agua potable y de electrificación, ya que actualmente las cabeceras municipales no les hacen caso.
Sobre este aspecto, Marcos Matías dice que desde 2005 se presentó en la Cámara de Diputados una propuesta de reformas constitucionales a los artículos 2, 26 y 115 para dar pleno reconocimiento a los pueblos indígenas, pero el PAN la bloqueó.
“Lo que queremos hacer es reencauzar el debate institucional sobre los pueblos indígenas”, reitera el diputado. Y concluye: “Este tema lo tienen olvidado, arrinconado. Da la impresión de que el gobierno de Felipe Calderón quiere borrar de un plumazo la situación y la existencia de 15 millones de indígenas.”
Expone: En el reporte entregado el jueves 12 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), esta comisión, dirigida por Luis H. Álvarez, registró un desvío hacia otras secretarías de al menos mil 687 millones de pesos del presupuesto que se le asignó en 2007.
Y enumera algunos casos: a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se le transfirieron 300 millones de pesos; a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), 200 millones; a la Secretaría de Educación Pública, 296 millones, y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 606 millones de pesos para la construcción de tres carreteras que no se hicieron.
De acuerdo con la ley, la CNDPI tiene 45 días para responder a las observaciones de la ASF. De no hacerlo, sostiene el legislador, deberá regresar ese dinero.
Entrevistado por Proceso, el exdirector del Instituto Nacional Indigenista (INI), organismo que desapareció en el gobierno foxista para dar paso a la CNDPI–, advierte que el desinterés gubernamental hacia las comunidades indígenas puede llevar a sus habitantes a emplearse en el narcotráfico, pues el gobierno sólo les otorgó 38 mil millones este año, equivalente al 0.4% del presupuesto federal.
Dice: “Luis H. Álvarez se montó en la misma institución que dejó Xóchitl Gálvez pero no hubo ninguna reorientación, ninguna evaluación. Está trabajando sobre una institución vieja con el nombre de una nueva; siguen con los albergues populares, con los fondos regionales, no hay un programa nuevo con el que se pueda presumir como un proyecto exitoso del gobierno para combatir la pobreza de los pueblos indígenas”.
Según el diputado por Guerrero, Calderón prefirió “empanizar” esa comisión desplazando a los cuadros indígenas en las delegaciones estatales. “En su lugar –arguye– puso a militantes del PAN sin experiencia ni conocimiento de la situación de los pueblos indígenas”.
Como ejemplo destaca el caso de Xavier Abreu Sierra, quien después de su derrota en 2007 como candidato del PAN a la gubernatura de Yucatán, fue colocado en la CNDPI como responsable de la Unidad de Coordinación y Enlace.
Ahora, dice, es Abreu quien manda en la comisión. Es él quien toma las decisiones y maneja los programas con fines electorales, pues sigue las instrucciones del presidente Calderón de instalar a militantes del PAN en la estructura nacional de esa dependencia.
E insiste: “Yo tengo la hipótesis de que la comisión va a tratar de expandirse buscando el mercado de votos indígenas a través de la colocación de hombres y mujeres del PAN en los estados, sobre todo en el sur y sureste donde la izquierda domina las plazas.
“El propósito es comprar el voto a través de los programas sociales, lo mismo que pretenden hacer con la Secretaría de Desarrollo Social.” Para Matías Alonso, integrante del Consejo Nacional Indígena e investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el manejo del presupuesto federal dedicado a los pueblos indígenas es un asunto delicado: “Si los proyectos no están orientados a los verdaderos destinatarios, la burocracia se come los recursos.”
Su compañera de bancada, Holly Matus Toledo, plantea: en materia de salud, “registramos índices en algunos municipios y regiones indígenas con una diferencia de 13% con respecto al nivel nacional; y en el rubro educación la diferencia es del 17%, nivel muy parecido al de los de países africanos”.
Marcos Matías recuerda que en junio de 2008, cuando se revisó el ejercicio presupuestal de 2007, los legisladores detectaron que hasta esa fecha la CNDPI no había ejercido 2 mil millones de pesos, por lo que se citó al comisionado Luis H. Álvarez para que explicara sobre esa irregularidad.
En aquella ocasión, el funcionario dijo que el gasto “se había ajustado”, y expuso que todos los recursos de 2007 se utilizaron en programas carreteros, de infraestructura comunitaria y de desarrollo social y humano, entre otros. Pero la explicación de Álvarez no satisfizo, señala Marcos Matías, lo que impidió que para 2009 se solicitaran más recursos.
“El escenario es preocupante. El presupuesto para los pueblos indígenas sólo representa el 0.4% del global. Esto refleja la discriminación económica porque a los pueblos indígenas sólo se darán 38 mil millones de pesos cuando la población es de 15 millones y representa el 12% de la población nacional.”
En contraste, para los gastos personales de la CNDPI se destinaron 118 millones de pesos en 2007. “El gobierno partió de la idea de que los altos directivos deberían tener una alta remuneración y las tropas salarios miserables”, dice el legislador. Y asevera: “Si de veras quiere atender a la población indígena, el gobierno tendría que destinar el 10% del presupuesto nacional.”
Matías Alonso afirma que el gobierno de Felipe Calderón no tiene un sólo programa emblemático con base en el cual pudiera medirse el impacto de los recursos para los pueblos indígenas.
–¿Qué evaluación hace de la CNDPI?
–Que ha sido abandonada. No hay experiencia en el tema por parte de los nuevos funcionarios.
–¿Qué opina de Luis H. Álvarez?
–No hay mucho que esperar. Tiene 87 años. La comisión necesita a gente con mucha energía, que pueda recorrer el país por tierra, que tenga presencia internacional. A don Luis no se le niega el papel que tuvo en la Cocopa, junto con Heberto Castillo, en las negociaciones con el EZLN…
Sin programas
En su estudio Mi voz en el cabildo: transparencia y monitoreo ciudadano en regiones indígenas de México, realizado en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alianza Cívica sostiene que son cerca de 15 millones los indígenas que sobreviven en situaciones de extrema pobreza. Además, indica, carecen de representación política, pues se les impide participar en los espacios de gobierno.
La investigación apunta que en varios de los 28 distritos electorales con mayoría de población indígena, ésta se identifica más con las autoridades locales que con las federales. Eso “revela la lejanía que existe entre los legisladores y las autoridades con los pueblos indígenas”.
Xóchitl Gálvez, quien antecedió a Luis H. Álvarez en la CNDPI, admite que para el gobierno de Calderón el tema indígena no es prioritario. Los funcionarios que ahora están al frente de la dependencia, asegura, “son de un bajo perfil. Lo que hace falta es una nueva reforma a la Constitución para que se reconozcan los derechos políticos, sociales y económicos de los pueblos indígenas”.
Según ella, si bien el subcomandante Marcos ya no es un problema visible para el gobierno, “las causas que dieron origen al conflicto zapatista aún no se resuelven”.
–Cuando habla de los derechos, ¿a qué se refiere?
–A la autonomía y a la libre determinación reconocidas en la Constitución. Se tiene que clarificar esto porque nadie pretende estados independientes dentro del territorio, ni siquiera los pueblos indígenas ni los luchadores sociales. Pero es muy importante el pleno reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos de derecho y no como meros sujetos de interés público.
Gálvez explica que existe también “la posibilidad de crear un cuarto nivel de gobierno en todos los municipios y no sólo en los indígenas”. La Constitución, arguye, no puede establecer excepciones, “pero yo he visto que en muchos municipios a las comunidades indígenas no les dan recursos”.
Dice que es válido que las comunidades indígenas reciban de manera directa fondos de la federación, no como una célula completa administrativa autónoma, pero sí para que atiendan sus necesidades específicas de agua potable y de electrificación, ya que actualmente las cabeceras municipales no les hacen caso.
Sobre este aspecto, Marcos Matías dice que desde 2005 se presentó en la Cámara de Diputados una propuesta de reformas constitucionales a los artículos 2, 26 y 115 para dar pleno reconocimiento a los pueblos indígenas, pero el PAN la bloqueó.
“Lo que queremos hacer es reencauzar el debate institucional sobre los pueblos indígenas”, reitera el diputado. Y concluye: “Este tema lo tienen olvidado, arrinconado. Da la impresión de que el gobierno de Felipe Calderón quiere borrar de un plumazo la situación y la existencia de 15 millones de indígenas.”
En el sexenio calderonista, "desprecio al tema de los indígenas", acusa senador
Ciudad de México, DF., (La Jornada).- El Programa Nacional de Población 2007-2012 (PNP) no incluye ningún capítulo para la atención a los problemas que afectan a los indígenas, uno de los grupos más afectados ante el deterioro de las políticas públicas relativas a la salud reproductiva.
Ante las denuncias de diversas asociaciones de ese sector, Elena Zúñiga, ex titular del Consejo Nacional de Población (Conapo), admitió que en el PNP, en efecto, no fue incluido un apartado especial para los indígenas porque se consideró que el análisis y las propuestas de solución deberían ser desarrollados en todo el texto.
Es decir, tampoco hay, por ejemplo, un capítulo dedicado a las mujeres, aunque sí se previno un enfoque de género en todo el análisis en referencia.
En julio pasado este diario difundió el contenido del PNP 2007-2012, el cual admite que los adolescentes y jóvenes mexicanos continúan como el sector con menor información y acceso a métodos anticonceptivos.
Esta situación empeoró en la última década y coloca a México con niveles por debajo de los de naciones de menor desarrollo económico, como Honduras, Nicaragua y Perú.
Los sectores con mayor rezago –las "menos atendidas"– son las mujeres e indígenas jóvenes.
El gobierno federal admitió que el uso de medios de regulación de la fecundidad en el inicio de la vida sexual "parece ser una práctica inexistente: siete de cada 10 mujeres jóvenes tuvieron su primera relación sexual (a la edad de 15.9 años, en promedio) sin protección, a pesar de que la mayoría de ellas no tenían la intención de embarazarse".
Zúñiga, quien dejó la secretaría general del Conapo en julio de 2008 y actualmente continúa como presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas, comentó que durante la elaboración del PNP se invitó al Consejo Nacional Indígena a sumarse a estos trabajos, pero éste prefirió no suscribirlos.
Se buscó entonces, agregó, detallar de manera transversal la problemática de la población específica, para abordar la situación de los jóvenes, indígenas y migrantes, entre otros.
No obstante, el senador priísta por Oaxaca Adolfo Toledo advirtió que durante el gobierno calderonista "ha habido un desprecio al tema de los indígenas; prueba de ello es que la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, encabezada por Luis H. Álvarez, ni siquiera asistió a una comparecencia a la que fue citado por legisladores".
En el sexenio pasado se intentó cubrir las políticas públicas para este sector con el protagonismo de Xóchitl Gálvez, pero ahora se ha tirado a la basura el trabajo que por muchos años había impulsado el Instituto Nacional Indigenista (INI) para atender a las 56 etnias del país.
El senador, secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, precisó que los rezagos históricos de este sector se han agudizado especialmente en lo que se refiere al tema de la salud y los proyectos productivos.
"No hay un tratamiento específico; ser indígena en México es equivalente, en la mayoría de los casos, a ser pobres y estar a la zaga de la distribución de bienes y servicios como pueden ser los métodos anticonceptivos", añadió el legislador.
Señaló además que todas las comisiones vinculadas a los indígenas han estado desde la legislatura pasada en manos de panistas que sólo buscan aprovecharse de esos grupos para afianzar sus objetivos electorales.
Ante las denuncias de diversas asociaciones de ese sector, Elena Zúñiga, ex titular del Consejo Nacional de Población (Conapo), admitió que en el PNP, en efecto, no fue incluido un apartado especial para los indígenas porque se consideró que el análisis y las propuestas de solución deberían ser desarrollados en todo el texto.
Es decir, tampoco hay, por ejemplo, un capítulo dedicado a las mujeres, aunque sí se previno un enfoque de género en todo el análisis en referencia.
En julio pasado este diario difundió el contenido del PNP 2007-2012, el cual admite que los adolescentes y jóvenes mexicanos continúan como el sector con menor información y acceso a métodos anticonceptivos.
Esta situación empeoró en la última década y coloca a México con niveles por debajo de los de naciones de menor desarrollo económico, como Honduras, Nicaragua y Perú.
Los sectores con mayor rezago –las "menos atendidas"– son las mujeres e indígenas jóvenes.
El gobierno federal admitió que el uso de medios de regulación de la fecundidad en el inicio de la vida sexual "parece ser una práctica inexistente: siete de cada 10 mujeres jóvenes tuvieron su primera relación sexual (a la edad de 15.9 años, en promedio) sin protección, a pesar de que la mayoría de ellas no tenían la intención de embarazarse".
Zúñiga, quien dejó la secretaría general del Conapo en julio de 2008 y actualmente continúa como presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas, comentó que durante la elaboración del PNP se invitó al Consejo Nacional Indígena a sumarse a estos trabajos, pero éste prefirió no suscribirlos.
Se buscó entonces, agregó, detallar de manera transversal la problemática de la población específica, para abordar la situación de los jóvenes, indígenas y migrantes, entre otros.
No obstante, el senador priísta por Oaxaca Adolfo Toledo advirtió que durante el gobierno calderonista "ha habido un desprecio al tema de los indígenas; prueba de ello es que la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, encabezada por Luis H. Álvarez, ni siquiera asistió a una comparecencia a la que fue citado por legisladores".
En el sexenio pasado se intentó cubrir las políticas públicas para este sector con el protagonismo de Xóchitl Gálvez, pero ahora se ha tirado a la basura el trabajo que por muchos años había impulsado el Instituto Nacional Indigenista (INI) para atender a las 56 etnias del país.
El senador, secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, precisó que los rezagos históricos de este sector se han agudizado especialmente en lo que se refiere al tema de la salud y los proyectos productivos.
"No hay un tratamiento específico; ser indígena en México es equivalente, en la mayoría de los casos, a ser pobres y estar a la zaga de la distribución de bienes y servicios como pueden ser los métodos anticonceptivos", añadió el legislador.
Señaló además que todas las comisiones vinculadas a los indígenas han estado desde la legislatura pasada en manos de panistas que sólo buscan aprovecharse de esos grupos para afianzar sus objetivos electorales.
Carece el estado de información precisa sobre necesidad de viviendas rurales
Morelia, Mich., (La Jornada Michoacán).- Sin un diagnóstico del número de la población indígena en Michoacán, y mucho menos de sus necesidades en torno a la vivienda, el titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas (SPI), Alfonso Vargas Romero, solicitó al director del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), Salvador López Orduña, la realización de 2 mil acciones de vivienda en las zonas rurales del estado.
“La Secretaría de Pueblos Indígenas apenas tiene un año y días de su creación, estamos sin duda en un proceso de llevar a cabo un convenio también con la Universidad Michoacana a través del programa México Intercultural para poder llevar investigación en todos los aspectos en los pueblos indígenas”, comentó el funcionario.
En tanto, en entrevista por separado, el titular del Instituto de la Vivienda de Michoacán, Socorro Juárez Fuentes, informó que los pueblos indígenas de Michoacán tienen un déficit de 20 mil unidades básicas de vivienda.
En la firma de un convenio que involucra al Fonhapo, al Ivem y a la SPI, mediante el que se pretende concretar 910 acciones de vivienda en las comunidades de 12 municipios en el estado, Vargas Romero manifestó: “el asunto de la vivienda es un tanto incierto, tenemos en este año que hacer un proceso de investigación muy fuerte en varios aspectos, y tener un banco de datos exacto en varios renglones. Ese será un proceso en la secretaría de pueblos indígenas”.
No obstante dijo que existe ya un diagnóstico –del que no ofreció datos concretos- que se realizó a través de las 14 oficinas regionales de esa Secretaría: “(ese estudio muestra que) sin duda que los pueblos indígenas tienen una gran demanda de vivienda, y es a través de ese diagnóstico como nos estamos guiando en este momento. Tampoco tenemos una cifra exacta del total de vivienda que pudiéramos requerir, estamos procesando estos diagnósticos y estamos haciendo los proyectos conforme a prioridades por regiones, pero no tenemos cifras exactas, aunque sin duda es muy amplia la demanda”.
Por su parte, el titular del Fonhapo, Salvador López Orduña, explicó que este año se buscará que el presupuesto para Michoacán en materia de vivienda sea de al menos 220 millones de pesos, con lo que se realizarían alrededor de 5 mil acciones.
En lo que resta del sexenio, el funcionario federal explicó que se podrían ejecutar en el estado de 20 a 25 mil acciones, que no necesariamente implica la construcción de nuevas casas habitación, sino la remodelación y reparación de las ya existentes.
“La Secretaría de Pueblos Indígenas apenas tiene un año y días de su creación, estamos sin duda en un proceso de llevar a cabo un convenio también con la Universidad Michoacana a través del programa México Intercultural para poder llevar investigación en todos los aspectos en los pueblos indígenas”, comentó el funcionario.
En tanto, en entrevista por separado, el titular del Instituto de la Vivienda de Michoacán, Socorro Juárez Fuentes, informó que los pueblos indígenas de Michoacán tienen un déficit de 20 mil unidades básicas de vivienda.
En la firma de un convenio que involucra al Fonhapo, al Ivem y a la SPI, mediante el que se pretende concretar 910 acciones de vivienda en las comunidades de 12 municipios en el estado, Vargas Romero manifestó: “el asunto de la vivienda es un tanto incierto, tenemos en este año que hacer un proceso de investigación muy fuerte en varios aspectos, y tener un banco de datos exacto en varios renglones. Ese será un proceso en la secretaría de pueblos indígenas”.
No obstante dijo que existe ya un diagnóstico –del que no ofreció datos concretos- que se realizó a través de las 14 oficinas regionales de esa Secretaría: “(ese estudio muestra que) sin duda que los pueblos indígenas tienen una gran demanda de vivienda, y es a través de ese diagnóstico como nos estamos guiando en este momento. Tampoco tenemos una cifra exacta del total de vivienda que pudiéramos requerir, estamos procesando estos diagnósticos y estamos haciendo los proyectos conforme a prioridades por regiones, pero no tenemos cifras exactas, aunque sin duda es muy amplia la demanda”.
Por su parte, el titular del Fonhapo, Salvador López Orduña, explicó que este año se buscará que el presupuesto para Michoacán en materia de vivienda sea de al menos 220 millones de pesos, con lo que se realizarían alrededor de 5 mil acciones.
En lo que resta del sexenio, el funcionario federal explicó que se podrían ejecutar en el estado de 20 a 25 mil acciones, que no necesariamente implica la construcción de nuevas casas habitación, sino la remodelación y reparación de las ya existentes.
Lleva Tlachinollan a CIDH saldos de la militarización en el estado
Chilpancingo, Gro., (La Jornada Guerrero).- El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos, las violaciones a los derechos humanos que sufren los pueblos indígenas a raíz de la militarización. Además, denunciará las amenazas y hostigamientos que han sufrido organizaciones defensoras de derechos humanos entre ellos, dos activistas de Tlachinollan, por lo que solicitaron a la CIDH medidas cautelares.
En el 134 periodo de sesiones de la CIDH, celebrado en Washington, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juarez, Cejil, Fundar, así como Tlachinollan presentaron en audiencia ante la presidenta de la CIDH, Luz María Patricio Guerrero, el tema Justicia Militar y Derechos humanos en México, donde se expuso que el numero de quejas que ha recibido la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Secretaría de la defensa Nacional (Sedena) ha aumentado en más de 600 por ciento en los dos primeros años del sexenio de Felipe Calderón, ya que de 182 quejas presentadas en 2006 aumentó a mil 230 en 2008, entre las que destacan ataques con armas de fuego, tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y agresiones contra personas en situación de vulnerabilidad.
En Guerrero –se destacó– la agresión militar se caracteriza por la invasión de tierras, la violencia y acoso sexual a mujeres indígenas bajo la justificación de la lucha contra el narcotráfico, lo que ha dejado graves secuelas en el tejido social comunitario de los pueblos indígenas, reveló la abogada del Cejil, Vanessa Coria.
Agregó que de 174 averiguaciones previas contra los militares llevadas a la Procuraduría General de Justicia Militar, sólo 11 fueron llevadas a juicio, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de que alguno haya terminado con una condena contra un militar.
Por su parte, la representante de Tlachinollan, Laura Aragón, criticó que a pesar de que tienen conocimiento de que al interior de la Sedena se discute una posible reforma judicial con relación a derechos humanos, el estado mexicano no haya creado un espacio de diálogo donde organizaciones y sociedad civil puedan contribuir para hacer dicha reforma.
Laura Aragón aprovechó para denunciar que las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos y que han señalado las constantes violaciones que hacen los militares contra los indígenas, han recibido hostigamiento y amenazas, incluso comentó que Tlachinollan ha sufrido un cambio de vida a raíz de la militarización en las comunidades y citó la ejecución “extrajudicial” de los dirigentes na savi, Raúl Lucas y Manuel Ponce ocurrida el 20 de febrero de este año.
Pidió ante la CIDH –donde también estuvo una delegación de autoridades del gobierno mexicano– que el estado permita a los activistas hacer las acciones en libertad además de hacer de manera urgente una reforma a la jurisdicción militar que incorpore las preocupaciones de la sociedad civil.
Laura Aragón presentó cinco peticiones en las que destaca que la CIDH impulse el cumplimiento de las recomendaciones emitidas al estado mexicano; que en los casos litigados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH busque obtener una sentencia que ordene al estado implementar una reforma legislativa para excluir del fuero militar las violaciones de derechos humanos.
La delegación de las autoridades mexicanas estuvo integrada por el coordinador de asesores del secretario de Gobernación, Alejandro Cuaré; el representante de la Procuraduría General de la Justicia Militar de la Sedena, Anibal Trujillo Sánchez; el representante del Estado Mayor de la Sedena, Sebastián Loreno Rodríguez, así como el titular de la Unidad de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la Segob, Carlos Aguilar.
En el 134 periodo de sesiones de la CIDH, celebrado en Washington, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juarez, Cejil, Fundar, así como Tlachinollan presentaron en audiencia ante la presidenta de la CIDH, Luz María Patricio Guerrero, el tema Justicia Militar y Derechos humanos en México, donde se expuso que el numero de quejas que ha recibido la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Secretaría de la defensa Nacional (Sedena) ha aumentado en más de 600 por ciento en los dos primeros años del sexenio de Felipe Calderón, ya que de 182 quejas presentadas en 2006 aumentó a mil 230 en 2008, entre las que destacan ataques con armas de fuego, tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y agresiones contra personas en situación de vulnerabilidad.
En Guerrero –se destacó– la agresión militar se caracteriza por la invasión de tierras, la violencia y acoso sexual a mujeres indígenas bajo la justificación de la lucha contra el narcotráfico, lo que ha dejado graves secuelas en el tejido social comunitario de los pueblos indígenas, reveló la abogada del Cejil, Vanessa Coria.
Agregó que de 174 averiguaciones previas contra los militares llevadas a la Procuraduría General de Justicia Militar, sólo 11 fueron llevadas a juicio, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de que alguno haya terminado con una condena contra un militar.
Por su parte, la representante de Tlachinollan, Laura Aragón, criticó que a pesar de que tienen conocimiento de que al interior de la Sedena se discute una posible reforma judicial con relación a derechos humanos, el estado mexicano no haya creado un espacio de diálogo donde organizaciones y sociedad civil puedan contribuir para hacer dicha reforma.
Laura Aragón aprovechó para denunciar que las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos y que han señalado las constantes violaciones que hacen los militares contra los indígenas, han recibido hostigamiento y amenazas, incluso comentó que Tlachinollan ha sufrido un cambio de vida a raíz de la militarización en las comunidades y citó la ejecución “extrajudicial” de los dirigentes na savi, Raúl Lucas y Manuel Ponce ocurrida el 20 de febrero de este año.
Pidió ante la CIDH –donde también estuvo una delegación de autoridades del gobierno mexicano– que el estado permita a los activistas hacer las acciones en libertad además de hacer de manera urgente una reforma a la jurisdicción militar que incorpore las preocupaciones de la sociedad civil.
Laura Aragón presentó cinco peticiones en las que destaca que la CIDH impulse el cumplimiento de las recomendaciones emitidas al estado mexicano; que en los casos litigados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH busque obtener una sentencia que ordene al estado implementar una reforma legislativa para excluir del fuero militar las violaciones de derechos humanos.
La delegación de las autoridades mexicanas estuvo integrada por el coordinador de asesores del secretario de Gobernación, Alejandro Cuaré; el representante de la Procuraduría General de la Justicia Militar de la Sedena, Anibal Trujillo Sánchez; el representante del Estado Mayor de la Sedena, Sebastián Loreno Rodríguez, así como el titular de la Unidad de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la Segob, Carlos Aguilar.
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